El gobierno de Estados Unidos manifestó su respaldo a la reciente reforma constitucional aprobada en El Salvador, que establece la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral. Esta reforma, que fue ratificada por la Asamblea Legislativa con una amplia mayoría, ha generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Un vocero del Departamento de Estado estadounidense subrayó que la Asamblea Legislativa de El Salvador fue electa democráticamente y cuenta con la autoridad legal para implementar cambios constitucionales según los procedimientos establecidos en el país. Además, rechazó las comparaciones que algunos sectores han hecho entre esta reforma y regímenes autoritarios, enfatizando que el sistema político salvadoreño mantiene fundamentos democráticos y constitucionales sólidos.
Este respaldo de Washington representa un cambio en la postura de la administración estadounidense, que en el pasado había expresado preocupación por el rumbo político que estaba tomando El Salvador. Actualmente, la relación bilateral se ha fortalecido, destacándose acuerdos en materia de seguridad, cooperación y gestión migratoria, que son parte del diálogo constante entre ambos países.
Aunque cuenta con el respaldo de Estados Unidos, la reforma ha sido objeto de críticas desde múltiples perspectivas. Entidades internacionales que abogan por los derechos humanos han expresado su preocupación, alertando que la reforma podría amenazar la democracia y favorecer una acumulación desmesurada de poder. Además, han indicado que tales modificaciones evocan escenarios que han resultado en la degradación democrática en otras naciones de la zona.
Desde la perspectiva del gobierno salvadoreño, la reforma tiene como objetivo asegurar que la ciudadanía pueda decidir si desea o no dar continuidad al liderazgo presidencial. Se argumenta que en varias democracias establecidas a nivel mundial se permite la reelección indefinida, y que esta iniciativa refleja el apoyo popular del que goza la administración actual.
El mandatario Nayib Bukele, que comenzó su segundo periodo en junio de 2024, ha promovido la reforma como una forma de consolidar la democracia interna y fomentar la estabilidad política. Aunque ha recibido críticas, el cambio fue aprobado con un fuerte respaldo en la Asamblea Legislativa, lo que demuestra un amplio apoyo dentro del órgano legislativo y, según sus seguidores, también un respaldo mayoritario de la población.
La enmienda constitucional en El Salvador se ha transformado en uno de los asuntos más significativos en la agenda política tanto del país como de la región, provocando discusiones acerca de la esencia y el futuro de la democracia en América Central. La posición de Estados Unidos, que respalda la autonomía del país para decidir sobre su estructura legal, contrasta con las inquietudes internacionales respecto al equilibrio de poderes y la protección de derechos fundamentales.
