Los trabajadores al servicio del Estado en México han anunciado su intención de solicitar un aumento salarial de entre 6.5% y 7% para el año 2025. Esta demanda será formalizada en la segunda quincena de mayo, cuando se presente el pliego petitorio y se establezca una mesa de negociación con la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
La propuesta de incremento salarial busca beneficiar a más de un millón de empleados públicos sindicalizados, incluyendo personal administrativo y de servicios generales. Además del aumento en el salario base, se contempla la revisión y mejora de las prestaciones laborales, como aguinaldo, vales de despensa y fondo de ahorro.
Uno de los aspectos clave de la negociación es la regularización de cerca de 100,000 empleados que en la actualidad trabajan sin un puesto fijo, especialmente en el área de salud y en el programa IMSS-Bienestar. Se calcula que aproximadamente el 60% de estos trabajadores no cuenta con seguridad social ni con acceso a beneficios completos, lo que restringe su estabilidad en el empleo y su bienestar.
En este escenario, se resalta la urgencia de agilizar los procedimientos de regularización laboral con el fin de asegurar condiciones justas e igualitarias para todos los trabajadores estatales. La ejecución de horarios laborales apropiados y la evaluación de las Condiciones Generales de Trabajo son elementos esenciales para elevar la calidad del empleo en el sector público.
El gobierno central ha demostrado apertura para conversar y llegar a consensos que favorezcan a los empleados, valorando su contribución al funcionamiento del país. No obstante, también enfrenta el reto de equilibrar las solicitudes laborales con las limitaciones del presupuesto y la situación económica actual.
Las discusiones sobre sueldos para el año 2025 se llevan a cabo en un entorno de aumento del salario mínimo en México, que desde el 1 de enero de 2025 creció un 12%, elevando el salario diario en la región fronteriza norte a 419.88 pesos y en el resto del país a 278.80 pesos. Este cambio tiene como objetivo aumentar el poder adquisitivo de los empleados y disminuir las disparidades salariales.
En simultáneo, varios sondeos e investigaciones muestran que las compañías en México planean aumentar los salarios en un promedio del 6.5% al 7.2% para los empleados sindicalizados en 2025, variando según la región y el sector industrial. Estos datos indican una tendencia a mejorar las condiciones de trabajo y la competitividad en el ámbito laboral.
La exigencia de incremento de sueldo de los empleados del sector público simboliza un avance significativo en la lucha por la igualdad y equidad laboral. El logro de un acuerdo exitoso dependerá del compromiso de ambas partes para hallar soluciones que concilien las necesidades de los trabajadores con las posibilidades del gobierno.
En este proceso, es fundamental considerar no solo los aspectos económicos, sino también el impacto social y humano de las decisiones tomadas. Garantizar condiciones laborales dignas y estables contribuye al fortalecimiento de las instituciones públicas y al bienestar de la sociedad en su conjunto.
