El Salvador comienza un nuevo capítulo en su esfuerzo por combatir la corrupción con la puesta en marcha de la Ley Anticorrupción, aprobada a inicios de este año y creada para enfrentar de manera integral las actividades ilegales en el ámbito público. La normativa entró en vigor este lunes, luego de un periodo de 180 días desde su divulgación oficial, plazo estipulado para que las entidades se alistaran para su aplicación.
La ley tiene un alcance que cubre a todos los funcionarios y empleados públicos, autoridades de los tres órganos del Estado, municipalidades, instituciones autónomas y descentralizadas. También incluye a personas naturales y jurídicas que tengan vínculos contractuales o de gestión con el Estado, con el objetivo de cerrar cualquier resquicio que permita evadir la fiscalización.
Uno de los fundamentos de la normativa es el establecimiento del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción (SINAC), compuesto por doce entidades importantes, tales como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Órgano Judicial, la Policía Nacional Civil y ministerios como los de Hacienda, Seguridad y Obras Públicas. Cada una de estas instituciones desempeñará un rol específico en la prevención, control, investigación y sanción de las acciones corruptas.
La coordinación de este sistema estará a cargo de la Fiscalía General, que asumirá la función rectora del SINAC. Bajo su paraguas operará el Centro Nacional Anticorrupción (CNA), un organismo especializado que trabajará en el análisis de información, inteligencia y acciones de investigación con el apoyo de tecnología avanzada. El CNA se enfocará en detectar de manera temprana posibles irregularidades y en coordinar operativos conjuntos con otras instituciones del Estado.
En materia de transparencia patrimonial, la ley refuerza las obligaciones para todos los servidores públicos. Estos deberán presentar un Informe de Activos y Pasivos junto con su declaración anual de Impuesto sobre la Renta. El informe deberá incluir no solo bienes y deudas, sino también adquisiciones y transferencias realizadas durante el año fiscal, tanto del funcionario como de su cónyuge o conviviente. Esta información será pública y estará disponible en un portal administrado por el Ministerio de Hacienda, lo que busca facilitar la supervisión ciudadana.
El Tribunal de Cuentas podrá acceder sin limitaciones a estas declaraciones de bienes y tendrá la responsabilidad de constatar posibles desajustes o señales de enriquecimiento ilícito. Si detecta anomalías, deberá remitir el caso a la Fiscalía para su investigación formal.
La ley contempla además un mecanismo robusto de denuncias, garantizando la confidencialidad y la protección de quienes alerten sobre actos de corrupción. Los delitos tipificados incluyen peculado, cohecho, malversación, concusión, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, soborno transnacional y cualquier otra conducta que atente contra la integridad del servicio público. Un aspecto clave es que la acción penal para estos delitos será imprescriptible, lo que significa que podrán ser perseguidos sin importar cuánto tiempo haya pasado desde su comisión.
Con esta ley, la nación intenta no solo castigar a aquellos que realicen actos de corrupción, sino también evitarlos mediante controles más rigurosos, claridad en la administración y un incremento en la participación ciudadana en la supervisión de los recursos del estado.
El reto actual será asegurar que el Sistema Nacional Integrado Anticorrupción y el Centro Nacional Anticorrupción dispongan del equipo, los medios y la autonomía indispensables para llevar a cabo su objetivo. La población salvadoreña y la comunidad internacional observarán con atención cómo se implementa esta legislación y si consigue transformarse en una disminución efectiva de la corrupción y en un aumento real de la confianza en las instituciones.
